El proceso de designación de rector
para el periodo 2024-2027 en la Universidad de Antioquia estuvo acompañado por
narrativas políticas que trascendieron la discusión académica. Durante dicho
proceso se difundió la idea de que la reelección del candidato John Jairo
Arboleda representaba la única garantía para evitar una eventual cooptación de
la universidad por parte del gobernador de Antioquia y de sectores del
uribismo. Esta versión, asumida como cierta por algunos grupos universitarios
afines al gobierno nacional, se sostuvo en falacias argumentativas que
presentaban a otra candidata con amplias posibilidades de elección —y que
proponía una agenda de renovación institucional— como una supuesta emisaria del
gobierno departamental.
Un año después, en un contexto en el
que el actual rector ha perdido la confianza del gobierno nacional y ha
recibido evaluaciones negativas sobre su primer año de gestión, emergió una
narrativa opuesta: la de que su permanencia en el cargo sería la única manera
de impedir una “toma” de la universidad por parte del petrismo. Este nuevo
relato ha sido impulsado por medios locales explícitamente alineados con el
uribismo y, nuevamente, replicado en ciertos sectores de la comunidad
universitaria.
Ambas construcciones discursivas,
hábilmente promovidas por actores cercanos a la actual rectoría, han
contribuido a consolidar la permanencia del rector en el cargo. Al mismo
tiempo, han desplazado del debate público las cuestiones sustantivas que deberían
ocupar la atención de la comunidad académica: ¿Cuáles son los problemas y retos
actuales de la educación universitaria? y ¿Cuál es la responsabilidad de la
actual administración en la crisis que atraviesa la Universidad de Antioquia?
En publicaciones anteriores hemos
documentado con detalle diversos indicadores que evidencian la deficiente
gestión del rector Arboleda. Aquí basta señalar dos elementos centrales:
- Expansión no planificada de programas de pregrado. Desde 2015 se ha registrado un incremento sostenido en la oferta de programas de pregrado, tanto en Medellín como en las regiones del departamento. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un aumento del número de estudiantes matriculados; por el contrario, la matrícula ha disminuido. La consecuencia directa ha sido una presión financiera adicional: más programas con menos estudiantes en cada uno, mayor demanda de cursos y, por ende, mayor necesidad de docentes. Dicha necesidad se ha atendido mediante el aumento de profesores de cátedra, lo que evidencia un manejo precario y fragmentado de la planta docente.
- Expansión no planificada en posgrados. De manera similar, desde 2015 se observa un crecimiento acelerado de programas de maestría y doctorado, acompañado paradójicamente por una disminución significativa en el número de matriculados. Este hecho contrasta con la tendencia positiva de instituciones privadas, que en el mismo periodo han incrementado de manera consistente la matrícula en programas de posgrado, particularmente en maestrías.
Ambos fenómenos ponen de manifiesto
decisiones carentes de estudios prospectivos rigurosos y de análisis de
contexto que permitan garantizar la sostenibilidad financiera y académica de
los compromisos adquiridos. Estos principios constituyen la base de cualquier
gestión universitaria responsable.
Insistir en narrativas de
polarización política, en lugar de abrir espacios de deliberación crítica, en
nada contribuye a la búsqueda de salidas a la crisis. La situación actual exige
un esfuerzo conjunto para repensar el quehacer universitario y establecer
prioridades institucionales. Resulta indispensable avanzar en una agenda
propositiva que permita superar la crisis institucional.
Es urgente revisar con rigor la
pertinencia y sostenibilidad de la oferta académica en pregrado y posgrado, así
como redefinir la estrategia de regionalización en diálogo con los territorios,
de manera que responda a necesidades sociales y productivas concretas. A su
vez, la universidad debe transitar hacia una gestión financiera sostenible que
diversifique fuentes de ingreso.
Se requiere fortalecer la gobernanza
universitaria con mecanismos más transparentes y democráticos que reduzcan la
instrumentalización partidista de la institución. Finalmente, es urgente
consolidar una apuesta por la calidad académica que articule la investigación
con la innovación educativa, integrando nuevas metodologías pedagógicas,
tecnologías digitales y enfoques interdisciplinarios que fortalezcan los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
La crisis de la Universidad de
Antioquia no se resolverá con narrativas de polarización política, sino
mediante un esfuerzo conjunto. El gobierno nacional y el departamental, junto
con la comunidad universitaria, deben trabajar de manera articulada para replantear
la oferta académica, garantizar sostenibilidad financiera, fortalecer la
gobernanza y asegurar la calidad educativa. Solo así la UdeA podrá superar su
situación actual y recuperar su papel como referente académico y cultural en la
región.